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La Diócesis de Comayagua dijo en su comunicado de prensa del 17 de febrero que la cárcel de Comayagua “es considerada la prisión con los mayores niveles de seguridad a nivel nacional… y que presenta las más inhumanas condiciones de inseguridad para los prisioneros. “Una albergue construido para 250 personas alberga una población 852.”  (Diócesis de Comayagua)

En el Bajo Aguán los campesinos y las campesinas viven en condiciones de pobreza a pesar de estar asentados en tierras fértiles que han sido de su propiedad y han trabajado históricamente.

Por el valor de las tierras, la Ley de Reforma Agraria de 1974 había legislado que nadie podía tener más de 300 hectáreas en el Valle del Bajo Aguán. Pero en las últimas décadas grandes empresas del sector no reformado, cuentan con miles de hectáreas y su deseos de conquista de cada vez más tierra los ha llevado a perseguir a los campesinos, despojándolos de sus tierras por la fuerza.

Ello está ampliamente documentado en informes que dan cuenta que no solo son los grandes empresarios nacionales, sino las compañías estadounidenses las que se quieren reparten en Bajo Aguán.

Antecedentes

Según la Food First Information & Action Network (FIAN Honduras) la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola (1992) trató de modificar la estrategia de desarrollo promoviendo la concentración de la propiedad en latifundios más grandes y la disminución del tamaño del minifundio con graves consecuencias para los campesinos, tanto en los salarios, como la reducción de sus propias tierras.

Señala la fuente que en 1998 se dieron las primeras acciones organizadas de los campesinos que en 2006 cobraron tal fuerza que los principales terratenientes tuvieron que sentarse a negociar en el 2009.

Miguel Facussé, René Morales y Reinaldo Canales crearon  una comisión técnica jurídica para que se encargara de investigar sobre la legalidad de la propiedad de esas tierras.

FIAN explica que con el golpe de estado militar del 2009 se cortó toda negociación y los campesinos organizados en el Movimiento Unificado del Aguán decidieron tomar tierras en ambas márgenes del río Aguán. Suman más de 3,500 familias que luchan por sus derechos a una vida digna.

Pero no solo los grandes empresarios nacionales están detrás de los desalojos. Está, entre otras, la estadounidense, Standard Fruit Company. Un reclamo de expropiación de tierras campesinas presentado por esa compañía  había sido resuelto por la Administración Zelaya en el 2008, quedando pendiente su ejecución a favor de los campesinos, pero con el golpe, nunca fue ejecutado y luego fue anulado por la Administración Lobo en el 2011.

La represión ante la demanda campesina no se ha dejado esperar y ha sido brutal. Hasta el 2011 había un número de 42 campesinos asesinados en los últimos dos años, varios heridos, desaparecidos, torturados. Así mismo, un número no identificado de desalojos forzosos. Hay una creciente militarización del Bajo Aguán y el poder impune del que gozan los terratenientes y productores palmeros de la zona es visible.

La actual Operación Xatruch, en la cual participan más de un millar de efectivos del ejército y la policía, han convertido el Bajo Aguan en una especie de campo de concentración, donde la población es sometida a operativos permanentes de asesinatos, allanamientos y terror.

El Observatorio Permanente Internacional de los derechos humanos en el Bajo Aguán (10/2/2012) informó lo siguente.

• El 6 de febrero tanquetas, ametralladoras M60, M40, y un comboy de comandos del ejército se desplazó frente a la comunidad de Rigores, mismos que el día 8 de febrero introdujeron por la comunidad de la Panamá para hostigar a los campesinos del movimiento nacional por la recuperación de Rigores, rodeando además parte de las tierras del asentamiento la Marañones.
• El 9 de febrero fueron desalojadas 6 de las ocho empresas campesinas del movimiento campesino de Liz-Liz en el municipio de Balfate por parte de elementos militares del cuarto batallón de la Ceiba, Atlantida,y guardias de la transnacional Standart Fruit Co., a quienes vistieron con el uniforme de los militares Hondureños y habiendo realizado una operación militar con 24 horas de anticipación en los alrededores de los asentamientos campesinos, realizaron un desalojo.
• Dunia Maricela Alvarado de 14 años de edad, hija de una dirigente campesina Consuelo Castillo y actualmente cursando el octavo año de escolaridad, ha sido amenazada a muerte junto con su madre por pate de los guardias de seguridad del terrateniente Miguel Facusse en la comunidad de Corocito municipio de Bonito Oriental.
• El  9 de febrero, un carro color verde doble cabina con militares a bordo y con armas pesadas mas dos patrullas de la policía nacional preventiva se presentaron al caserío del asentamiento Buenos Aires a preguntar por varias personas que son de esa comunidad que pertenecen a empresas campesinas del asentamiento campesino la Marañones. Al no encontrarlos, aseguraron que de cualquier manera los irían a capturar.

No hay que esperar otra tragedia para actuar en el Bajo Aguán

En la cárcel de Comayagua los muros calcinados son los testigos mudos que ya no pueden hablar más sobre lo que venía denunciado su población una y otra vez y, que ya había ocurrido en dos ocasiones previas, al punto que el gobierno de Honduras  tiene un caso pendiente en la Corte Interamericana por otro incendio en la cárcel de San Pedro Sula en 2004. En otro fuego en la cárcel del Porvenir en La Ceiba en el 2003 dejó un saldo de 68 muertos.

En el Bajo Aguán las campesinas y los campesinos rompen esta misma semana los muros del silencio para tratar de romper la impunidad. ¿Serán escuchados a tiempo o habrá que esperar otra gran tragedia? Esa gran tragedia ya está ocurriendo en el Bajo Aguán.

Cuando sucedió el fuego en la cárcel de Comayagua, a escasos 15 minutos de allí se encontraba ubicada en forma permanente la unidad Bravo  del Comando Sur de los Estados Unidos. Esa unidad especial cuenta con unidades de bomberos y de rescate altamente calificados para moverse con la velocidad de un rayo.

Sin embargo no se movieron para el incendio. El Capitán Candace Allen, vocero de la Unidad Bravo dijo a AP que ellos solo pueden actuar cuando se les convoca y que nadie les pidió que llegaran al lugar sus unidades especializadas.

¿Quién los habrá convocado cuando el golpe de estado para usas su base de Palmerola para llevarse al Presidente Zelaya como lo hicieron con la velocidad de un rayo la noche del golpe de estado en el 2009?

Al Bajo Aguán llegarán si las fuerzas nacionales no pueden con la resistencia. Llegarán convocadas e invitadas por los mismos que siempre las invitan a defender sus intereses por encima de los derechos del pueblo hondureño, Si la comunidad internacional no detiene la impunidad a tiempo, llegarán y habrá otra tragedia.  Y mientras tanto, seguirán entrenando más soldados y profundizando la presencia en Honduras.

La Agencia REUTERS reconoce que desde “el golpe de estado en el 2009 Honduras se ha convertido en el país de mas asesinatos en el planeta.” La fuente da cuenta que en el 2010 hubo 82 homicidios por cada 100,000 habitantes y en el 2011 se cree que ha alcanzado 85 por cada 100,000… Da cuenta que “los críticos del golpe han evidenciado que el golpe ha exacerbado seriamente todos los problemas en Honduras. (Feb, 17,2012)

Hay que hacer mas

Ambos casos ponen en evidencia la naturaleza sistemática de las violaciones a los derechos humanos del régimen de Porfirio Lobo, a pesar de los esfuerzos de su gobierno por tratar de borrar las evidencias de que el régimen actual que se asentó sobre un golpe de estado, sigue profundizando las violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

En ambos casos es mucho lo que se puede hacer. En el caso de las cárceles se está haciendo porque la tragedia ha encontrado respuesta en los organismos nacionales e internacionales que promueven la defensa y respeto a los derechos humanos.

El Bajo Aguán desgraciadamente no ha tenido tal sensibilidad todavía. Estamos a tiempo. Los testimonios de los campesinos, las mujeres y niñas y niños del Bajo Aguán recogidos por ESCRIBANA en el Encuentro Internacional convocan a no dejarlos solos.

Además del Encuentro que reunió en el Bajo Agúan a casi 1,183 personas (fuente blog Paquidermo), entre delegaciones internacionales y participantes de Honduras, los días anteriores se organizaron 2 talleres previos:

-         El día 16 de febrero se encontraron en el Bajo Aguán mas de 50 mujeres y feministas de los asentamientos y comunidades campesinas del Bajo Aguán, de otros lugares del país y de fuera de Honduras en el taller “Cuerpos, Luchas y Esperanzas de las Mujeres” en el que han sido víctimas de violencia de género y otras formas de violencia, persecución y desalojo, entre otros derechos violados. Afirmaron seguir luchando hasta lograr sus derechos y los de sus comunidades.

-         Otra actividad el 17 de febrero fue el taller de niñas y niños del Bajo Aguán, “Semilla de Sueños” en el que una docena de infantes compartieron, jugaron y expresaron creativamente sus anhelos y propuestas; su dolor y rabias. Sus sueños, dibujados en carteles, tienen como prioridad la paz para sus comunidades.

Hace varios años que se han presentado recomendaciones muy concretas al Estado para proteger la vida de los reclusos. Sin embargo, nunca se cumplió ninguna de ellas. Si en un centro penitenciario con capacidad para 440 privados de libertad había más de ochocientas personas recluidas, ¿no se tenía organizada acaso una ruta de evacuación ante cualquier emergencia o eventualidad? ¿Qué era más importante, mantener cerrados los candados aun con las llamas dentro de los celdas, o romper de cualquier manera los mismos salvar la vida de los privados de libertad? ¿O es que acaso no son seres humanos los que están detrás de una reja penitenciaria? ¿Acaso no se puede aplicar en un caso de evidente emergencia como un incendio invasivo, la figura de calamidad pública para romper con cerrojos que salven la vida de centenares de personas?

El cinismo oficial no admite límites. Los funcionarios públicos reaccionan con el mismo formato de siempre: cadenas nacionales, nombramiento de comisiones, se prometen realizar investigaciones y en algunos casos asignan una limosna a los familiares de las víctimas. Ese formato termina en casi todos los casos con el mismo resultado: impunidad, corrupción o condenas al propio Estado. Una tragedia de esta magnitud en cualquier país con una institucionalidad básica supondría como primera medida la renuncia inmediata de todos los funcionarios de las instituciones bajo cuya responsabilidad se encuentran los centros penales, comenzando por el Ministro de Seguridad.

Con el dolor en el corazón que provocan estas tragedias y con la indignación ante tragedias debidamente advertidas, no podemos dejar de demandar el cambio de todo el sistema penitenciario y a la vez sumar todas las voces de las víctimas del Estado hasta derrumbar toda la infraestructura de la impunidad, y dar los primeros pasos hacia una nueva institucionalidad.

Frustrada casi hasta sus limites por la impotencia que producen  esta situación, una compañera me comentaba mientras escuchabamos acerca del incendio en Comayagua, que lo de las PAE iba a pasar a segundo plano porque ¿cómo concentrarte en ese problema cuando tenes más de 300 personas muertas en la otra mano? Pero me parece fundamental que no nos permitamos caer en este juego en el quienes controlan el país tienen ya maestría. Ambos temas no solamente no responden a situaciones aisladas, sino que por el contrario forman parte de una misma estrategia para invisibilizar los problemas estructurales de fondo que este sistema opresor se niega atender. Es bajo los mismos intereses politicos que se sigue perpetuando el discurso contra el aborto y la anticoncepción de emergencia, satanizando a los grupos que abogan por el derecho a decidir de las mujeres (valiendose siempre de los hipocritas “valores morales” implantados en el imaginario social) como también se mantiene la estigmatización de la juventud como causa de la violencia y el crimen, justificando asi para la opinión pública una tragedia como la ocurrida en Comayagua pues al fin y al cabo, no eran màs que delincuentes y está bien que les asesinen (porque no nos engañemos aquí, como bien lo dice mi compañero Oscar Estrada, esto no es casualidad y si no remitamonos a lo ocurrido en San Pedro Sula en 2004)

Es escencial que percibamos estas realidades no como condiciones y acciones aisladas, sino como parte de una estrategia en pro de perpetuar el sistema patriarcal, clasista, racista, heteronormativo y fundamentalista en que vivimos. Asi como este incendio en Comayagua cegó de golpe las vidas de tantas personas, la censura sobre el aborto y la anticoncepción de emergencia acaba con las vidas de incontables mujeres todos los años. Y mientras tanto nuestros hijos y nuestras hijas siguen siendo bombardead@s desde los medios de comunicación, el gobierno, los grupos conservadores, las escuelas y muy especialmente desde las iglesias con información tergiversada y manoseada, asegurando asi la reproducción de los modelos de pensamiento mojigatos y discriminadores que se niegan a reconocer que las causas de tanta muerte y violencia provienen y son mantenidas desde las estructuras del poder econòmico y político. Y ojo que cuando hablo de grupos conservadores no estoy hablando solamente de la derecha, sino también de los y las hipocritas de las izquierdas acomodadas que hoy por hoy en Honduras se han cobijado bajo el nombre de “Libre”.