Por Eduardo Lucita, Punto Final

En paralelo, en Islandia desde 2008 una sucesión de acontecimientos políticos, impulsados por fuertes movilizaciones sociales, han forzado la renuncia en bloque del gobierno y el adelanto de las elecciones, la convocatoria a dos referéndums populares que culminaron con el voto masivo por el no pago de la deuda, el enjuiciamiento y encarcelamiento temporario de banqueros y funcionarios y la posibilidad de contar con una nueva Constitución. Sin embargo, sólo las redes alternativas (Rebelión entre ellas) y algunos portales (como el CADTM) han hecho circular estas informaciones, que en su mayoría han sido ignoradas por los medios tradicionales.

Situado en el norte boreal de Europa, Islandia es una pequeña isla rodeada de islas e islotes aún más pequeños. En conjunto alcanzan una extensión de unos 103.000 km2 que albergan a 320 mil habitantes. Su economía dispone de importantes fuentes de energía hidráulica y geotérmica, pero depende mucho de la industria pesquera, que representa un 40 por ciento de sus ingresos y da empleo al 7 por ciento de la fuerza de trabajo.

En los años 80 el gobierno -bajo presión de la oleada thatcherista- puso en marcha la privatización de la pesca: impuso cuotas para las capturas e hizo millonarios a unos cuantos pescadores. En paralelo, se sumó a la política del “ofertismo”, propia de la “reaganomics”, bajando impuestos y desregulando mercados, a la par que comenzó a publicitar la política de privatizaciones. Por si algo faltara, Milton Friedman visitó varias veces Reikiavik, la capital del país.

No obstante este avance neoliberal, el país siguió mostrando indicadores notables. El Estado garantizaba -bajo un régimen asimilado al del Estado de bienestar- asistencia sanitaria universal y educación superior gratuita a sus habitantes. La esperanza de vida estaba entre las más elevadas del mundo y la tasa de desocupación era insignificante, no alcanzaba al 2 por ciento. El gobierno invirtió en energía verde, en plantas de aluminio y en nuevas tecnologías, y en 2007 ascendió al primer lugar en el índice de desarrollo humano del PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo), muy por delante de países como Estados Unidos, Francia o el Reino Unido. En 2009 fue calificado por la Organización de las Naciones Unidas como el tercer país más desarrollado del mundo, siendo ubicado su PIB per cápita entre los diez primeros.

Primera expresión de la crisis

Sin embargo a partir de 2003 -año en que se concreta la privatización de sus tres principales bancos (Kaupthing, Glitnir y sobre todo Ice-save)- el país ingresa de lleno en los flujos financieros internacionales. Tanto la banca como los banqueros iniciaron una carrera desaforada por la expansión de sus activos dentro y fuera del país. Se impulsó una política de endeudamiento y comenzó a incubarse una crisis que estalla en 2008. Esta crisis es considerada como la primera expresión de la crisis mundial que hoy tiene en vilo a los centros económico-financieros del mundo.

Todo se inició cuando, a partir de la privatización bancaria, el gobierno impulsó una política de “vivienda propia”, que los bancos apoyaron con créditos hipotecarios de fácil acceso y cuyas cuotas estaban atadas a la evolución de los precios, pero no a la de los salarios. A la par, el consumo fue alentado con créditos de corto plazo. Cuando en 2008 el déficit de balanza comercial obligó a devaluar la moneda nacional un 50 por ciento, la inflación se disparó y esas cuotas (hipotecarias o de créditos comunes) resultaron impagables.

Para financiar todo este festival crediticio los bancos fueron tomando fondos en el mercado mundial, especialmente en Gran Bretaña y Holanda. Al momento del estallido, el endeudamiento bancario superaba en más de diez veces al PIB nacional. Resultado: más de la tercera parte de la población está hoy sobreendeudada; 13.000 viviendas fueron embargadas y decenas de miles de familias ingresaron en la pobreza.

Para el sentido común todo esto ha sido posible por el contubernio doloso de banqueros, empresarios y políticos. Para algunos analistas, un grupo no mayor de treinta personas. Sin embargo, que este grupo haya sido el instrumentador de una política determinada no puede ocultar que lo sucedido en Islandia es parte de la crisis mundial, que como siempre en las grandes coyunturas explota por el lado financiero, pero cuyas raíces están en la economía productiva.

Sin embargo la resistencia de la población de este pequeño país ha roto con la política de “lo posible” y ha conseguido logros significativos. La secuencia de estos hechos es por demás significativa:

• En 2009 las movilizaciones y manifestaciones callejeras, incluidos “cacerolazos”, rechazaron el plan de ajuste del FMI, hicieron renunciar al gobierno y obligaron a convocar a elecciones anticipadas. El nuevo gobierno intentó por ley imponer una reestructuración de la deuda, que alcanza a los 3.500 millones de euros, que implica que cada familia pagaría 100 euros por mes durante 15 años.

• En 2010 la población nuevamente en las calles rechazó esta ley; el presidente decide entonces no ratificarla y convoca a un referéndum popular. El 93 por ciento de los votantes se expresó por el “No pago de la deuda”. En paralelo se desenvuelve una investigación sobre las responsabilidades en la crisis, que concluye con varios banqueros y funcionarios enjuiciados y presos, aunque luego fueron liberados, mientras otros huyeron del país. De hecho uno de los banqueros está hoy buscado por la Interpol.

• En 2011 un nuevo referéndum ratificó el “No pago” por el 60 por ciento de los votos.

Reforma constitucional

En numerosas oportunidades la sociedad islandesa se planteó reemplazar la Constitución vigente desde 1944, una copia de la danesa, que en su momento sólo cambió “rey” por “presidente”. La actual crisis financiera estimuló esta necesidad y abrió el debate político, por lo que el Parlamento resolvió la creación de la Asamblea Constituyente, para la cual fueron elegidos por voto popular 25 representantes (10 mujeres y 15 hombres), entre los 522 mayores de 18 años que se postularon. Sin embargo, antes que se iniciaran las deliberaciones, la elección fue invalidada por el Tribunal Supremo por vicios procedimentales. La Asamblea fue transformada entonces en Consejo Constitucional, integrado por las mismas personas antes elegidas, quienes comenzaron a sesionar a principios de abril en tres grupos, y debían entregar sus propuestas a fines de julio pasado (a la fecha no se dispone de información sobre si esto se concretó).

Las reuniones han sido públicas -cada jueves el Consejo se ha reunido y debatido, con una emisión en directo en la web. Los islandeses pueden consultar y proponer semanalmente nuevos artículos y enmiendas para su inclusión en la Carta Magna, y dar opinión sobre los mismos. Un papel decisivo juegan aquí las redes sociales (Facebook, Twitter y Flickr), mientras que en Youtube se publican periódicamente entrevistas con cada uno de los 25 miembros del Consejo en lo que la cultura popular ya ha dado en llamar “democracia 2.0”.

El sistema de aprobación final no está claramente determinado. Se supone que el grupo redactor elevará al Consejo el proyecto de nueva Constitución consensuado y si éste lo aprueba, pasaría finalmente al Parlamento. Sin embargo, no hay claridad aún sobre este proceso, y esta indefinición ha hecho que surgieran voces de advertencia, previendo que “…los políticos quieran repasarla antes del referéndum”, por eso claman para que “…la gente pueda votar lo que han escrito, antes que los políticos metan mano, teniendo en cuenta que de aquí saldrá un nuevo sistema con el que queremos, entre otras cosas, erradicar la corrupción”.

Más allá del resultado final de esta confrontación, Islandia muestra que es posible pensar en salidas alternativas, que no es imprescindible salvar a los bancos como paso previo a cualquier otra medida. Que es posible romper con el “posibilismo” que impone el cerco neoliberal y hacer que los costos no los paguen los que siempre los pagan. Que hay otro camino que implica decisiones no sólo económicas, sino fundamentalmente políticas y democráticas. Islandia es una excepción, una singularidad; una rareza, no sólo por dejar quebrar sus bancos, perseguir a banqueros y funcionarios o decidir reformar la Constitución, sino por la forma democrática y participativa con que estos logros se hacen posible.

EDUARDO LUCITA es Integrante del colectivo EDI (Economistas de Izquierda).

En segundo lugar; el Estado debe contribuir al sostenimiento, desarrollo y engrandecimiento de la UNAH, con una asignación anual no menor del 6 % del Presupuesto de la República. El estado como ente políticamente organizado es el garante del cumplimiento de este bien público, digo “bien público” porque, según la UNESCO en su conferencia mundial del 2009, estableció que la educación superior es “un bien público y un derecho humano fundamental que debe ser garantizado por el estado”.

Entonces ustedes han de preguntarse: ¿Qué tiene que ver la autonomía universitaria que defienden los y las cipotas de la UNAH, con todo esto de la privatización de la Educación Superior? Pues radica en dos puntos.

El primer punto, es que el “Estado” delega su función de garante de la educación superior a la UNAH, para que esta institución autónoma regule, organice y desarrolle dicho mandato, entonces la UNAH tiene autonomía para regular la educación superior. La autonomía no se debe entender como un monopolio del cual goza la UNAH, sino como un mandato constitucional del Estado, el cual está obligado, en garantizar ese derecho humano fundamental.

El segundo punto, reside en que la ANUPRIH, en su anteproyecto de ley, se orienta en crear una Comisión Nacional de Educación Superior, “CNES”, referida Comisión será la encargada de dirigir, organizar y desarrollar la educación superior y profesional, logrando con maquiavélico anteproyecto: a) La violación de la autonomía de la cual goza (por mandato constitucional art 160) la UNAH y,       b) La privatización de la Educación Superior.

Lo interesante es que esa Comisión estaría integrada por 12 miembros, 6 de las universidades públicas y, 6 de las universidades privadas, o sea democratizar la educación dicen “los empresarios de la educación”, cuando ellos (ANUPRIH) sólo cubren el 30% de la demanda de la población universitaria (la UNAH el 70%) Entonces ¿Eso es democratizar? No ¡claro que no! Sino que es una falacia, para poder mercantilizar la educación (sustituir el Estado por el Mercado), pues al crearse dicha Comisión que no les quepa duda, que habrá más proliferación de universidades de garaje o de maletín como dicen los cipotes del MAU (Movimiento Amplio Universitario).

La otra cara de la moneda es que con la Comisión, las universidades privadas no pagarán impuestos (negocio perfecto), además se apropiaran del 6% del presupuesto asignado a la UNAH y darán a luz a robots (personas) automatizados para trabajar por un mísero salario, pues producirán miles de robots (personas) por año. Dando lugar a una sobre población mal formada, solamente prestadores de servicios que se integraran perfectamente al modelo neoliberal.

La privatización de la UNAH está como en el banco, porque a decir verdad, con la gente que está el congreso, no podemos esperar nada, sino todo lo contrario. Además no podemos esperar nada de las autoridades universitarias del alma mater, ya que tienen intereses personalísimos y son lacayos de los partidos políticos, por lo que con su silencio y su remendada y pobre contrapropuesta, no hacen más que desenmascararse ante la comunidad universitaria y la sociedad.
Por lo que la defensa de la Autonomía y Educación Superior pasa por dos momentos fundamentales (como propuestas), uno, es la de construir una contrapropuesta al anteproyecto de ley de la ANUPRIH, cimentada con las y los estudiantes independientes, movimientos y frentes estudiantiles, así como docentes, dando lugar a un instrumento que les respalde en su rebeldía en las calles, y como herramienta de cohesión, pertenencia e identidad con el alma mater.

El segundo momento se centraría en la difusión (en asambleas, cabildos abiertos y todo acto público) de la contrapuesta ante toda la comunidad universitaria, población en general, para que se apropien y defienda susodicha contrapropuesta.
Donde no existe justicia, no puede haber derecho.

Por Rodolfo Pastor Fasquelle

Lo que pasa es que tienen miedo del cambio. Da risa por eso escuchar a los crotalocutores, como decía Vargas Llosa, y al munícipe y Presidente del P.N. Ricardo Álvarez repitiendo -como loros- la machacona línea del golpismo de que una constituyente NO resuelve los problemas, (que he escuchado incluso a gente inteligente), risa da digo, por ser esa una verdad de perogrullo que, al fin y al cabo, también es irrelevante. Nunca he escuchado a ninguna autoridad, menos al Coordinador Zelaya, decir que la constituyente resuelve todos nuestros problemas, ni le decíamos eso a la gente en Junio del 2009. Lo que sostenemos aun los resistentes es que queremos una constituyente y que será una gran oportunidad y que ningún demócrata tendría que temerle. Menos aun oponerse a una constituyente. Casi dos tercios de la población simpatizan con la idea de esa asamblea…y pese a la propaganda paranoica solo 25% la adversa. Nadie ha resuelto nunca sus problemas con una ley, aunque sin ley no tienen solución los problemas Después de promulgar la nueva constitución en plebiscito –contra el cual también conspirarán– habrá que trabajar mucho para que prevalezcan las ideas que encarnará ese documento, asegurar la eficacia de sus principios, descartar los lastres y vencer las contradicciones.
La ley nunca es lo fundamental, si no la convicción y la costumbre que expresa, la que llamamos también -más ampliamente- cultura, los hábitos mentales y el comportamiento derivado de concepciones básicas, de nuestra visión del mundo y capacidad para entenderlo. Las constituciones hondureñas en efecto expresan concepciones del orden social que circulan ampliamente entre sus autores. En el siglo XIX primó la idea medieval de que la sociedad era un cuerpo, en que la clase dirigente era cabeza y a los obreros y campesinos les correspondía trabajar y obedecer como pies y manos. Mas recientemente prevalece la gentilicia idea de que somos una familia, en la cual corresponde a los hijos (los hombres y mujeres del pueblo) obedecer y al patriarca (la clase política) que gobierna, ser sabio y asegurar la armonía. H.R.N. la cadena de radio golpista se auto ufana en spots frecuentes de estar uniendo a la familia hondureña. Carlos Flores días antes del golpe me explicaba que el delito de Mel Zelaya había sido dividir a la familia hondureña mientras el la había conservado unida en paz.[Pie de página] ¡
¡Solo había tenido que ametrallar a unos pocos indios! Hoy 28 de Julio me tocó escuchar primero una entrevista con un Jefe de la Policía que explicó que el combate contra la delincuencia nunca será exitoso hasta que no se integre a el toda la familia hondureña y luego por la tarde la noticia de que la policía había arrasado y quemado una aldea campesina de cincuenta familias en Colon. ¿Cómo será que una policía coludida en el crimen y represora espera que “la familia” se integre a su pretendida lucha? ¿En que estado de derecho puede apoyarse esa integración cuando prevalece la impunidad total? Y 40% de la policía es corrupta?
Cuesta trabajo también entender el argumento de que no debemos ir a una constituyente sin prepararla o sin saber que cosa se propondrá ahí![Pie de página] Alármense, ¡podría pasar cualquier cosa! Porque ese argumento es de una ignorancia insondable… o de una aun mas profunda mala fe. En una constituyente, por definición, el pueblo soberano dispone lo que se propone y también… que se dispone de lo propuesto, sin ninguna restricción. Punto. Si con la mayoría necesaria el pueblo dispone abolir la propiedad privada y el matrimonio e instaurar el amor libre, en democracia nadie le podría negar ese derecho. Habrá que irse a Miami para declararse casado y feliz. Aun mas trabajo me cuesta entender a quien argumenta que la constitución actual es perfectamente buena, como si su bondad no dependiera de una eficacia y de un consenso evidentemente perdidos, si no de la experta opinión de quien expone. Pero tampoco crean que soy un fanático del procedimiento en si. No me gusta la idea de fetichizar la ilusión. Constitución democrática tienen presumiblemente los mexicanos y pregúntenles Uds. si ya resolvieron sus contradicciones. Es más. Que se sospeche de mí.
Creo que fue el filosofo (le han llamado también católico ateo) de George Santayana quien, para enfatizar el valor estético de las imágenes religiosas, alguna vez dijo que EL no creía en Dios, pero si absolutamente, en la Santísima Virgen Maria, su madre. Y a mi me pasa algo parecido, con este tema de la constituyente. Desde hace mucho, el estudio me ha vuelto escéptico con respecto al dogmatismo juridicista, y a la fe ciega que tienen muchos en las virtudes propias e inherentes de la ley. [Pie de página] Pero creo en la Cuarta Urna, mataría por ella como decía mi amiga Luisa María, la defendí y la defenderé con mi sangre cuando sea pues es derecho inalienable del pueblo en democracia opinar sobre lo público. Y ceder al chantaje equivalía a abdicar frente a la tirania de la letra.
Tampoco es que los pobres sean entusiastas de la ley en abstracto. Hay leyes injustísimas que nadie quiere cumplir y ese un problema. Muchas buenas leyes tenemos que no cumplimos y la mejor de las leyes no garantiza su cumplimiento, cuando entre nosotros una numerosa casta de cínicos pervertidos caminan convencidos de que las leyes se han hecho para que ellos demuestren su poder quebrantándolas, mientras que otra nutrida población alega que necesita romperla para conseguir la justicia, que es el fin ultimo de la ley, lo que la justifica. De manera que el Coordinador Nacional tiene la razón cuando asegura que el problema más que una cuestión de legislación, es cuestión de poder, de lucha por el poder. Con la constituyente lo que realmente buscamos es mejorar nuestra posición en esa lucha y cuando la estorban nuestros adversarios, defienden la ventaja que la actual ley primaria les da para prevalecer.
Es difícil entender de otra manera (es decir mas que como instrumento de poder) la propaganda golpista o la lógica de los pétreos, ambas del mismo autor, aunque también me da la impresión de que los pétreos son, como la indisolubilidad del matrimonio o la infalibilidad del Papa, una ilusión que nos procura tranquilidad. En Junio del 2009 para respetar al pueblo defendía la Encuesta sobre la Cuarta Urna, pero no sabia como respondería a la boleta de encuesta ni como votaría en la Cuarta Urna (al fin que el voto es secreto) y estaba dispuesto a ser candidato a la constituyente, pero había dicho que iría a ese foro a argumentar vehementemente contra de la reelección. Me aterra pensar que tuviera que soportar -ya sexagenario- cuatro años más de las trampas y solipsismos de Callejas o peor otros cuatro con los sonsonetes de Carlos Flores. Y no digo más por no ofender a vivos y muertos. En efecto los pétreos son una aberración, iluso afán de eternidad del legislador, sinsentido obcecado de poetas vanidosos. Exigen por si los pétreos una Constituyente, única forma de superarlos. Y hay que hacerlos añicos, arena. Son una estupidez maligna y, a mi leal entender, la reelección también.
Si, como parece probable, la voluntad ciudadana general lo dispone- voy a ir a la Constituyente con el voto de Uds. y porque Uds. lo quieren, no porque crea yo que esa será la panacea de nuestros problemas, ni siquiera en la convicción de que siempre fue indispensable (ahora si), si no para respetar al mandatario y argumentar que necesitamos, por completo, otra clase de ley primaria, de otro tipo. Para defender la propiedad privada y la libre empresa si es que llegan a estar en riesgo, para defender la prohibición de la reelección que creo que esta condenada a desaparecer, resignado a esa derrota y con perfecta conciencia de las limitaciones de cualquier instrumento o modelo jurídico para asegurar la justicia, para blindar los derechos y para conseguir por si sola la paz social, la anhelada convivencia.
Los tipos y las autorías de las constituciones, problemas de origen y marca cultural
Una de las cosas buenas que ha tenido este debate es que ha sido ilustrativo, pedagógico y nos ha enseñado que hay diferentes tradiciones constitucionales. La comparación puede ser útil. Una primera diferencia radica en el tipo de documento. El anglo sajón, sucinto, de principios ofrece muchas concretas ventajas operativas sobre el género constitucional hispanoamericano, formalista y elaborado. A ese carácter se refiere Mecham cuando asegura que nuestras constituciones son las más elaboradas del mundo.[Pie de página]
Lógicamente un cuerpo constitucional formalista exhaustivamente normativo no podrá adecuarse más que a un periodo breve de la evolución de una sociedad bajo presión de un cambio continuo que se acelera.[Pie de página] Pues al cambiar la circunstancia la norma debe ajustarse. Mientras que los principios elementales de organización de una nación, un estado, sus conceptos de derechos básicos pueden ser tan longevos como la idea de una nación, ya que no eternos. Porque no es razonable esperar que llegue a serlo, eterna, la nuestra cuando no lo ha sido ninguna en la historia.
En efecto, como NO norma si no solo establece los necesarios equilibrios de poderes y principios básicos en que tiene que asentarse la demás legislación, la Constitución de los estadounidenses de 1787, la mas antigua de las que están en uso hoy y que contiene en cinco pliegos un esquema de la forma de gobierno y los derechos de los gobernados no ha necesitado mas que muy eventualmente (en 27 ocasiones) ser enmendada luego de dos siglos y medio. Se pudo pasar allá por una guerra civil, por la liberación de los esclavos y el cambio de modo de producción, por la Segunda Revolución Industrial y las grandes reformas políticas y guerras mundiales de principios del siglo XX sin que fuera necesaria una constituyente. Porque sigue vigente la idea de que los ciudadanos nacen iguales y el Estado existe para asegurar sus vidas, garantizar sus libertades y derechos y facilitar la búsqueda de felicidad de las personas. Por contraste, nuestras constituciones que explicitan en cientos de paginas reglamentos para una infinidad de procesos cambiantes resultan efímeras y obsoletas a los 30 años de redactadas.
Por eso a mediados del siglo XX, los latinoamericanos habíamos tenido un promedio de casi diez constituciones cada país. No nos ha permitido este tipo de constitución adaptarnos a los cambios externos rápidos, de la tecnología y del entorno ni menos adecuar nuestras instituciones a las demandas de la dinámica social. Y no han servido nuestras constituciones para desarrollar una convivencia que es el propósito de una ley primaria. De tal forma que las leyes que debieran armonizarlo devienen en estorbos del desarrollo, estancos del privilegio y manzanas de la discordia.
Por eso la Constitución hondureña del 1982 ya arrastra obsolescencias. Y necesita de una actualización general que resultar más económica mediante una revisión general y sistemática, porque incluyendo el 30% de su contenido ya reformado hay en ella más que reformar de lo que se pudiera conservar. En el proceso de esa modernización tenemos que entender la raíz del problema, la pretensión de este tipo de ley de normar y reglamentarlo todo antes de las leyes particulares que deben ser técnicas y adecuarse a circunstancias concretas.
La tradición constitucionalista hispanoamericana padece quizás otro error. Su dogmatismo juridicista ha sido una quimera desde tempranos años de la Independencia hasta nuestros días. Puesto que el papel aguanta con todo, históricamente la tradición ha sido proclamar derechos que nadie tiene intención de cumplir y resolver los problemas más profundos, las contradicciones sociales, por la vía de decretar que no existen o de ignorarlos soberanamente y aun prohibir que se les mencione.
Si bien la constitución que nos demos debe adecuarse a nuestra realidad y composición social, nada establece que la tradición jurídica formalista es la que mejor se adapta, fuera del propio dogmatismo de los juristas, que son beneficiarios directos del equivoco, las contradicciones y los enredos de la tradición. Y hay bastante fundamento para cuestionar ese supuesto.
El común denominador, el elemento definitorio de lo que es una constitución en si, en las distintas tradiciones constitucionalistas, es la idea del pacto social y político. Un pacto primero entre la corona y sus súbditos como en La Carta Magna, pero después entre distintos órdenes sociales que, en la Revolución Francesa, devienen en ciudadanos y con la disolución del antiguo régimen constituyen clases sociales. La idea es formular un principio básico de unión, una base de entendimiento entre los diferentes sectores que componen una nación, sobre la forma en que se interrelacionaran entre si en las instituciones y la relación del gobierno con el gobernado, un documento que establezca con claridad los principios y derechos que queremos garantizar y los deberes y obligaciones de todos con el consenso, con el interés publico, con el bien común! Tan olvidado el pobrecito!
Teóricamente, otra de las razones por las que nuestras constituciones no han sido ni conducido a pactos es porque nunca han sido genuinamente representativos del cuerpo social los constituyentes. Aun si en un inicio[Pie de página] se los pretendió elegir con un complejo procedimiento de elecciones indirectas, al final se privilegiaba a representantes de la naciente burguesía y a los terratenientes y añileros, que se concebían a si mismos como una elite natural, sancionada por el voto. Pecado de origen. Todavía a mediados del siglo XIX, muchas constituciones de los países centroamericanos, disgregados de la unión, imitaban la constitución estadounidense, pero solo del diente al labio. Pero la calca del pacto tampoco constituye un pacto.
El argumento teórico mas contundente es el de que, nosotros (y muchos otros pueblos latinoamericanos) nunca hemos tenido una constituyente que reúna ese requisito, es decir que convoque a genuinos representantes que serian los llamados a pactar, menos aun representantes proporcionados a los segmentos sociales que habrían estado encargados de defender, ni mucho menos, como consecuencia, luego de una quincena de constituciones, hemos tenido alguna que exprese un genuino ethos convenido de la nación, un acuerdo que estemos obligados a respetar sobre la manera en que nos vamos a relacionar y gobernar. En nombre de la Comisión de Juristas establecida por el Presidente Zelaya en Mayo del 2009, Efraín Moncada Silva uno de los juristas mas connotados y ampliamente reconocidos y autor del libro mas importante de historia de Las Constituciones de Honduras ya declaraba que Honduras nunca había tenido una Constitución que fuese un pacto social.[Pie de página] Ninguna de nuestras constituciones alcanza esa definición. Y pudo agregar que la mayoría no fueron más que pactos de familia. (¿Como puede una constitución democrática prohibir una consulta al demos?)
En el siglo XX los constituyentes han sido nominados por los partidos que supuestamente trascienden de la formación de clases. (Estaba prohibido hasta nuestros días que se gestaran partidos políticos de clase, como los que existen corrientemente alrededor del mundo, partidos de obreros o de campesinos o de ambos, o que aglutinan a grupos étnicos, conservadores de elites que reivindican abiertamente su derecho a gobernar. Y esa prohibición se invocaba a si misma como un ideal, aunque contenía varias trampas conceptuales.) El caudillo hacia la diferencia.
Cada uno de nuestros partidos era supuestamente un corte transversal de la sociedad, tenía a sus campesinos, a sus obreros, a sus profesionales urbanos y empresarios y a sus respectivas cúpulas políticas corporativas, sus financistas.[Pie de página] En esa lógica también se sustentaba el bipartidismo, porque entonces ¿para que se ocupaba un tercio excluso?) Pero por eso mismo, porque no tenían un planteamiento programático ideológico competitivo, a medida que se agravaron las contradicciones sociales y se acercaron mucho los intereses de las cúpulas de ambos partidos mientras se distanciaron cada vez mas los intereses de los segmentos populares en las bases con respecto a su respectiva cúpula, igual los mas postergados que segmentos de profesionales independientes y aun los medianos empresarios que no estaban coludidos dejaron de sentirse representados. En busca de representación unos pocos dieron efímera vida a los partidos nuevos que, sin embargo no prosperaron porque el electorado era conservador y la mayor parte de la clientela prefería a los partidos con opción de poder, en cuyo reparto de la res pública podía haber un beneficio, mientras que los patronos estaba contentos con el binomio. ¿Quien necesita más que dos perfectas mitades iguales?
Pero difícilmente podía forjarse un pacto sin representantes de los grupos cuyos intereses tenía que conjugarse. Los diputados debían renunciar a representar clases o comunidades para ser leales a los partidos que los nominaban. Aunque en la última constituyente hubo alguna representación simbólica de obreros o campesinos estos tenían un vínculo con el Partido respectivo que los proponía, más que con los colectivos de que provenían. Y además en la sociedad posmoderna a la que ahora pertenecemos todos, surgen muchas otras clases de asociaciones (de genero, de sociedad civil, con enfoque regional o local, étnico o racial) que reclaman su propia representación, independientemente de que quieran darles acogida los partidos tradicionales y rehúsan someterse a su disciplina. En parte al menos la falta de credibilidad de la constitución actual, del sistema político y social que esa constitución sustenta deriva de ese defecto de autoria clasista y esa falta de representatividad. La mayoría de los autores del texto legal básico en 1982 eran además profesionales de las leyes. De hecho mucha gente suponía y supone que para ser constituyente había que ser abogado y preferiblemente notario y ellos se prefieren entre si. Sin preveer que eso tenia consecuencias. Cuando es mas bien el pueblo quien tiene que constituir gobiernos del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.
No estoy convencido sin embargo de que la autoria clasista sea todo o la mayor parte del problema. Ni tampoco creo poder probar que el problema radica en la índole del documento… Los constituyentes estadounidenses mencionados arriba pertenecían a una elite, si bien ampliada. Pudo incluir a algún artesano fino de la platería como Thomas Payne de Boston o un comerciante impresor como B Franklin de Philadelphia, pero la mayoría era, como nuestros constituyentes miembros de una sola clase, de súbditos privilegiados, terratenientes y propietarios. Y ciertamente no hubo entre los deliberantes (y se refleja en el texto) operarios ni esclavos, ni mujeres ni negros. Pero los esclavos mas tarde y quienes los querían liberar mas bien ampararon su lucha apelando a la contradicción inherente entre principios consagrados en su texto sacro sancto y por otro lado la institución que los oprimía y a nadie se le ocurrió nunca cuestionar la validez de la constitución cuando mas bien exigen terminar con la discriminación que califican de anti o inconstitucional. Hay en E.U.A. muchos críticos académicos del pero el texto tiene credibilidad. Reúne un consenso perdurable pese a las desafortunadas circunstancias de origen. Y consigue una eficacia evolutiva porque ha servido para integrar….
Al final lo que cuenta son los frutos. La actual treintañera constitución hondureña ha necesitado ser reformada cientos de veces en mas de un tercio de su contenido, y ha generado mas desigualdad así como tres intentos de romperla (el del propio Suazo auxiliado por Carlos Flores, el de Micheletti illo tempore y el de los militares contra Reina) y en 2009 un golpe de Estado consumado con la connivencia de varios de los poderes del Estado! Y aunque el golpismo pretendía que esa connivencia mejoraba o incluso legitimaba su actuación, hoy con el Informe de la oficial Comisión de la Verdad descubrimos que más bien dificulta proseguir con las enmiendas. Y esta discusión filosófica, conceptual e histórica es pertinente porque sus cuestiones de fondo conciernen directamente al dilema actual de la constituyente que se reclama. ¿Qué debe contener y quienes deben convocar y redactar una nueva constitución hondureña?
Razones prácticas, consecuencias y retos para la constituyente refundacional
Las contradicciones internas y los equívocos que venimos rastreando pueden tener una importante dimensión teórica. Para este servidor, vaquero al fin y bananero, el problema es practico y del imaginario colectivo. Si no es un pacto, si por ende nadie esta obligado a respetarla, ¿donde esta la virtud de la ley? y ¿Cómo podría defendérsela? La prueba final de que se necesita una constituyente es que la actual constitución no ha sido capaz de concitar un mínimo de respeto y de aportarnos otro tanto de estabilidad y gobernabilidad. ¿Acaso no es esa suficiente razón?
Solo una constituyente puede restaurar el Estado de Derecho dentro del cual se cumplieran por ejemplo las recomendaciones de La Comisión de la Verdad hoy ignoradas por imposibles.
Cuando algún extranjero alega, y no tendrían que tener al respecto una opinión, que nuestra constitución solamente necesita algunas reformas puntuales, prefiero darle el beneficio de la duda y pensar que no entiende los problemas de fondo que he tratado de exponer. Su ignorancia es insondable como su soberbia. Cuando dicen lo mismo nuestros políticos, sé que hay mala fe. Porque además de ignorantes estos son apartidas y perversos. Esta claro a esta altura que las lagunas y las contradicciones de la ley primaria sirvieron de pretexto para el reciente golpe de estado que tanto daño ha hecho.[Pie de página] Y no puede evadirlo quien quiera ser práctico.
Hay muchas otras razones prácticas para ir a una constituyente. La raíz del mal en nuestro sistema de gobierno es la manipulación de la judicatura. A tal punto se politizaron la elección cada siete años -por cada otro congreso- de los fiscales y la Corte Suprema (que contrata a los demás funcionarios) igual que la elección legislativa de los fiscales que,… al final, se terminó judicializado –decía Víctor Meza– el proceso político, transformado el conflicto político (que es lucha permanente por el poder) en enredo jurídico irresoluble. Esa paradoja se refleja hoy en la bizarra situación en que el Estado de Honduras reconoce, según ha determinado la presidencial Comisión de la Verdad que lo que ocurrió el 28 de Junio de 2009 fue un golpe de Estado pero la Corte Suprema y la Fiscalía que por voluntad propia fueron socias de los militares y actores principales del golpe siguen instaladas en su propia impunidad y están incapacitadas para deducir las responsabilidades correspondientes. Y dado que la definición de los poderes es el inalterable sistema de gobierno, la única manera en que podemos cambiar la forma en que se selecciona a los jueces y fiscales para asegurarnos que no estén bajo el control directo de los jefes políticos es en constituyente.
También seria necesario reformar, en la ley primaria, a la Fiscalía que hoy carga con el monopolio de la función acusatoria, volviéndola doblemente ineficiente, porque esta más allá de sus posibilidades interponer todas las acusaciones y porque esa prerrogativa la expone a corrupción y la vuelve odiosa ante quienes deja de defender. El monopolio de la Fiscalía debe ser exclusivo sobre delitos contra el bien público.
La más importante razón práctica para ir a la constituyente es que no se puede vivir en un país en donde la mayoría de la población exige un cambio refundacional y una minoría se empeña en conservar el orden constituido contra viento y marea, y pretende remediar la contradicción aplicándoles a los revoltosos el rayo paralizador de la represión. Los empresarios creen que el problema de la miseria da tiempo, mientras que las victimas miserables quieren el cambio ya como detectó una encuesta que debía rezar el lema electoral de Pepe Lobo. La democracia es funcional. O mas bien debería de serlo y la ficticia democracia que hemos tenido en vez de conseguir la satisfacción de los electores ha promovido políticas basadas en el equivoco de que el mercado es perfecto que redundan en beneficio de quienes lo manipulan dentro y fuera. No somos nosotros quienes hemos descubierto que los defectos del mercado pueden ser perversos, si no los premios Nobel de economía, Stiglitz, Amin. Quienes reivindican el papel de un Estado democrático. Hay que constitucionalizar esa responsabilidad.
El como es otro asunto. Los políticos aceptan una constituyente convocada según la actual Ley Electoral, una contradicción en términos. Porque la actual ley electoral –de acuerdo a la cual solo los partidos políticos pueden postular candidatos — no contempla una elección constituyente. Con el Coordinador Mel Zelaya y la Resistencia exigimos una constituyente Originaria… y popular. Pero eso no supone que se va a marginar de esa asamblea a las minorías. Que se va a excluir a la elite. No se podrá soslayar a los partidos que, aun en su actual calamidad, tienen la simpatía de algún porcentaje si reducido de población voluble. ¿Que calificara a nuestros nuevos constituyentes?
Los japoneses han desarrollado una de las sociedades más modernas sin necesidad de togados. Lo peor que podemos hacer es dejar la constituyente en manos de los autores de tantas leyes torpes, que han construido diligentemente las infinitas contradicciones de cuyo enredo pretenden hacer patrimonio. Hay que forjar una constitución que deje a la gente trabajar, que asegure derechos y también quite estorbos, que impida que los gobiernos nos joroben la vida, que es principal raíz de corrupción y de pobreza. Muchos seguimos siendo liberales de ideas.
Conclusión y mensaje final, un país modelo
Hay que ir a una asamblea representativa pues y redactar una nueva constitución porque somos demócratas y eso es lo que el pueblo quiere y porque esa es la única forma de restaurar un Estado de derecho que goce del consenso necesario. Podemos aprovechar, para eso, la crítica y los aciertos de las constituciones anteriores así como las constituciones de naciones exitosas, para plasmar un documento que fundamente una forma de gobierno eficaz en una cultura política democrática.
Y se debe redactar una constitución de otro tipo, de principios ineludibles, que tengan la fuerza, la claridad y la contundencia para dirimir las contradicciones múltiples entre nuestras leyes secundarias y dentro de ellas y para dejar espacio a cambios puntuales fáciles. Si no, habrá que volver a redactar otra pronto.
La nueva constitución no debe abrogar per se ninguna ley secundaria vigente que no este explícitamente anulada por el articulado. Pero podrá ser la piedra de toque para cuestionar ante un Tribunal Constitucional cualquiera de esas leyes en parte o en su totalidad. Todas las leyes deben asegurar la equidad, la libertad, la solidaridad y deben enmarcarse en el bien común.
La nueva constitución debe enarbolar la defensa de los derechos humanos y civiles, de todos, los derechos particulares de las mayorías y de las minorías, de los colectivos y de los individuos, del pueblo y de las elites, que también tienen, aunque no sea el de gobernar. Deben reinar supremos y estar más allá del alcance de cualquier pretexto los derechos universales, los básicos de todos a la salud (que supone alimentación) y a la educación (para desarrollar nuestras capacidades), a la seguridad (para la vida y la propiedad) y a la cultura.. Nadie ha de tener privilegios y todas las exenciones son odiosas.
Los gremios y las corporaciones, los colectivos y las organizaciones sociales han de tener derechos, en vez de privilegios. Pero también los individuos han de tener derecho a la libertad personal irrestricta que no ofenda en forma ineludible al vecino, el derecho a contar con la solidaridad y a la igualdad. No somos una familia. Nadie aquí es padre ni cabeza, hijo ni pie. Convenimos ser y nos constituimos en una sociedad de iguales.
La constitución ha de ser lucida también con respecto a la necesidad de inversión, producción y rentabilidad en un desarrollo económico moderno, sustentable, competitivo y compartido, que genere empleo y mejore los sueldos, que son las condiciones materiales y estructurales de la convivencia y paz social. Y debe reconocer que en esa ecuación juega un papel insustituible el capital privado, junto a la inversión publica. Es decir, nuestra ley debe darle al país entero las ventajas que las regiones especiales de desarrollo quieren ofrecerle solamente a unos pocos sitios escogidos con el capital extranjero, ofrecerle a nuestros propios inversionistas comprometidos, las condiciones para que terminen de invertir en Honduras lo que hoy se llevan a Miami y a los paraísos fiscales, para generar utilidades que les permitirán pagar bien a sus empleados y cumplir con el fisco además de disfrutar del incremento de sus fortunas y de la estima de la comunidad.
Así –de modo acaso paradójico y sorprendente– el proyecto que empezamos diciendo que nos dividió en 2009 y aun hoy nos divide profundamente a una minoría privilegiada pero acosada y a una gran mayoría de la población hondureña indispuesta a seguir sometida, el de la constituyente terminará por unirnos como nunca antes, forjando un propósito y una confianza compartida. Una Constitución justa, inspirada en el bien común y el interés general, permitirá, resolver las contradicciones mas profundas de nuestra sociedad, la raíz del malestar profundo que hoy es fuente estructural de violencia y resorte de ingobernabilidad y conseguirá ponernos a todos a trabajar. Que es lo que hace falta. Y claridad y buena fe. Globalicemos a Honduras. Hagámosla moderna en la justicia y la libertad. Lo agradecerá la posteridad y si tienen conciencia, los ancestros.